Aborto

En 1973, Roe v. Wade legalizó algunos derechos de aborto al derogar una ley de Texas que lo penalizaba, excepto como medio para salvar la vida de la madre. El caso enfrentaba los derechos individuales de privacidad frente al interés de los estados en regular la vida del feto. Utilizando la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda y el derecho de privacidad mantenido por la Novena Enmienda, la Corte dictaminó que la autonomía personal y los derechos reproductivos de una mujer se extienden a su decisión de terminar su embarazo. La corte determinó que el interés de los estados en el feto sólo era relevante en la “viabilidad”, es decir el punto  partir del cual el feto podría sobrevivir independientemente de su madre. De acuerdo con Roe v. Wade, las prohibiciones gubernamentales sobre el aborto sólo se permitieron si se había establecido la viabilidad del feto. Además, el tribunal sostuvo que el Estado nunca podría dar prioridad a la vida del feto sobre la de la madre. Si el feto no se consideraba viable, el estado no podía limitar el derecho de la madre a elegir terminar su embarazo. Escribiendo para la corte, el juez Harry Blackmun estableció la conocida “fórmula trimestral”, en la cual los intereses del estado en la vida del feto se equilibraban con los derechos de privacidad de la madre.

En Doe v. Bolton, decidido el mismo día que Roe, la corte suprema estableció el concepto de salud dentro del ámbito de los médicos. La cuestión judicial planteada por el tribunal se refería a una ley de Georgia que proscribía el aborto con medicamentos, salvo como una medida realizada por un médico con licencia utilizando su mejor criterio y con el objetivo de salvar la vida de la madre. El tribunal decidió que los médicos mantienen un conocimiento privilegiado de la vida y la salud que los califica para juzgar los riesgos particulares planteados por los procedimientos de aborto. Doe señaló el esfuerzo de la Corte para disminuir la naturaleza política del aborto al insistir en que el conocimiento científico y la experiencia práctica, y no los actos legislativos, sirven mejor a las mujeres, los fetos y los intereses de los Estados en el debate sobre el aborto. Posteriormente, Doe afirmó la protección de la privacidad en la relación confidencial paciente-médico. En 1976, se confirmó nuevamente la experiencia de los médicos en el caso de Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth, que determinó que la “viabilidad” era el concepto propiamente definido por el establecimiento médico y no por las legislaturas estatales.

En 1989, la Corte Suprema volvió a abordar la cuestión del papel del grupo de poder médico en el aborto. Webster v. Servicios de Salud Reproductiva abordó específicamente la constitucionalidad de una ley estatal de Missouri que negó fondos públicos, practicantes e instalaciones para que fueran usados en abortos. La decisión de la mayoría, que era internamente contenciosa, sostenía que el aborto era un derecho de las mujeres, pero también confirmó las acciones del estado al negar recursos públicos para apoyarlo. No encontraron ninguna ley que obligase a los estados a asignar dinero para asesorar a las mujeres sobre o para realizar abortos. Consideró que el preámbulo del estatuto, que definía cuándo comienza la vida, es enteramente constitucional. Al defender el derecho de un estado a diseñar medidas legislativas que limiten el acceso a los servicios de aborto, Webster representó una desviación significativa del enfoque de la Corte en Roe.

Después de Roe, muchos estados elaboraron leyes de aborto que estipulaban las condiciones bajo las cuales una mujer podía abortar. Las leyes estatales sobre el aborto, diseñadas para restringir las prácticas permitidas bajo el amplio manto legal de Roe, aumentaron el calor en un debate que ya crepitaba. Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, para la cual no había opinión mayoritaria, puso el conflicto sobre Roe en alto relieve. La pregunta planteada por Casey es si cinco condiciones independientes sobre el derecho de una mujer al aborto por la ley estatal de Pennsylvania son constitucionales o no. En la opinión de la mayoría emitida por los jueces O’Connor, Kennedy y Souter, la Corte dictó tres de las cinco estipulaciones: consentimiento de los padres, consentimiento informado y período de espera de 24 horas como constitucionalmente válidas. La notificación del cónyuge se consideró una “carga indebida” y por lo tanto se rechazó como inconstitucional. Estas decisiones estaban en consonancia con un nuevo estándar legal – carga indebida – diseñado por el Juez O’Connor en Akron v. Akron Center para la Salud Reproductiva, Inc. como un medio de defender el argumento principal de Roe, al mismo tiempo reducir su alcance sin crear dificultades para las mujeres. Casey, que revocó el modelo trimestral conferido por Roe, negoció la relación entre los intereses de los Estados y el derecho de las mujeres a la privacidad a través del concepto de viabilidad. Al igual que con Roe, los Estados podrían prohibir totalmente el aborto a partir del momento en que el feto alcanzara la viabilidad. Casey declaró la ciencia médica, en particular el lenguaje y la información utilizada por los médicos y hospitales en la elaboración de procedimientos de aborto para los pacientes, sujeto a los reglamentos y mandatos estatales.

Aunque Casey demostró ser una victoria significativa para los grupos contra el aborto, muchos estados continuaron aprobando estatutos que redujeron el derecho principal de Roe. En Stenberg v. Carhart, la Corte se refirió a una ley de Nebraska que tipificaba como delito el desempeño de una clase de procedimientos conocidos colectivamente como “aborto parcial de nacimiento”. La Corte dictaminó un estatuto, que no exceptuaba ninguna circunstancia -incluso preservar la salud de la madre- como Violación de la Cláusula de Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

El debate sobre el llamado aborto por nacimiento parcial se trasladó a la rama legislativa cuando el Congreso aprobó la Ley de Prohibición del Aborto de Parto Parcial de 2003. Carhart, uno de los pocos médicos que realizaban abortos en el tercer trimestre en todo el país, violó las protecciones de la libertad personal de la Quinta Enmienda al prohibir los abortos parciales sin excepción.

En el caso Gonzales v. Carhart, la Corte dictaminó que el hecho de prohibir los abortos descritos en función de su método -la dilatación y la extracción intactas- no suponía una carga indebida para las mujeres, porque tales procedimientos nunca son médicamente necesarios.