La 4ta Enmienda nos protege contra “allanamientos e incautaciones injustificadas”. La 4ta Enmienda también requiere que un tribunal encuentre una causa justificable antes de emitir una orden de allanamiento. Los tribunales han sostenido sistemáticamente que estos derechos solo se aplican si una persona tiene “una expectativa legítima de privacidad” sobre el lugar o cosa que a ser registrada. Para determinar si existe tal expectativa de privacidad, el tribunal hará las siguientes preguntas:
Basado en las circunstancias únicas de cada caso, el tribunal puede determinar que usted no tenía ninguna expectativa de privacidad, quizás permitió un acceso ilimitado al lugar u objeto, o que su expectativa no era nada razonable. Si no cumple con la prueba, cualquier lugar (casa, automóvil, barco, oficina, registros bancarios, caja de seguridad, barril de basura) puede estar sujeto a una orden legal de allanamiento.
Para establecer la causa probable, los tribunales han sostenido que los agentes de policía deben ser capaces de señalar hechos objetivos. Un funcionario no necesita pruebas objetivas para probar un caso ante un tribunal, pero debe ser algo más que una simple sospecha. La determinación de la causa probable debe realizarla un juez y no un agente de policía.