Ley de registro e incautación

La 4ª Enmienda protege dos derechos fundamentales de la libertad: el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir invasiones arbitrarias.

Un registro ocurre cuando un empleado o agente del gobierno viola una expectativa razonable de privacidad. Una incautación es la interferencia del interés posesorio de un individuo en la propiedad. El propietario de la propiedad debe haber tenido una expectativa razonable de privacidad en los artículos incautados. Se incauta a una persona cuando el personal de las fuerzas del orden utiliza la fuerza física para retener a la persona si una persona razonable en una situación similar no se sentiría con libertad para irse.

La prohibición de registros e incautaciones irracionales restringe las acciones que puede realizar el personal encargado de hacer cumplir la ley al realizar una investigación criminal; sin embargo, la prohibición también impide los registros y confiscaciones irracionales en el contexto del litigio civil. Según la ley solo se puede realizar un registro si lo motivauna sospecha individualizada. La Cuarta Enmienda prohíbe las búsquedas generalizadas, a menos que circunstancias extraordinarias coloquen al público en peligro.

Para presentar una demanda en relación con una supuesta violación de la Cuarta Enmienda, el demandante debe tener una expectativa legítima de privacidad en la ubicación registrada. Esta expectativa debe cumplir con las pruebas subjetivas y objetivas de razonabilidad. La prueba subjetiva requiere que el demandante realmente espere tener privacidad, y la prueba objetiva requiere que, dadas las circunstancias, una persona razonable en una situación similar también habría esperado tener privacidad.

La regla de exclusión

Normalmente, los tribunales suprimen la evidencia obtenida durante un registro o confiscación no razonable. Esta regla, conocida como la regla de exclusión, se aplica tanto a la etapa investigativa como a la acusatoria de un enjuiciamiento penal.

Si una evidencia que cae dentro del alcance de la regla de exclusión conduce a otra evidencia, entonces la regla de exclusión también se aplica a esta evidencia relacionada.

Si un oficial confía, de buena fe, en una orden de detención defectuosa, un registro realizado por el oficial no desencadenaría la regla de exclusión.

El requisito deorden de registro

Con el fin de evitar el registro ilegal o la incautación de propiedades, los agentes de la ley suelen obtener órdenes. Deben mostrar una causa probable, respaldada por un juramento o afirmación, y describir en detalle el lugar que registrarán y los artículos que aprovecharán. Un juez puede establecer que hay una causa probable solo al examinar la totalidad de las circunstancias.

Una orden de “llamar y anunciar” requiere que los oficiales de la ley llamen a la puerta de una residencia e informen de su identidad antes de entrar. En 2006, el Tribunal Supremo determinó que el hecho de que las fuerzas del orden público no llamen o anuncien que están en posesión de una orden no exige la aplicación de la regla de exclusión.

Las órdenes de “no llamar” permiten a los oficiales ingresar a un edificio sin anunciar su presencia o tocar la puerta primero. Los tribunales reservan estas órdenes para situaciones en las que el propietario u ocupante de un edificio podría destruir la evidencia buscada mientras los oficiales esperan a que alguien les abra la puerta.

Una orden de anticipación se vuelve válida después de que ocurra una cierta condición futura. Los tribunales reservan este tipo de órdenes para situaciones en las cuales la policía tiene una causa probable de que, en algún momento, la evidencia estará disponible en un lugar particular.

Excepciones al requisito de autorización

La doctrina de vista simple permite que un agente del gobierno tome posesión de una propiedad no incluida dentro de una orden si la evidencia estuvo a la vista del agente. Una toma de evidencia a simple vista no compromete ninguna otra expectativa de privacidad que la ya comprometida por la orden.

Los oficiales también pueden registrar y confiscar objetos a una persona si la han arrestado. Esta excepción se extiende a situaciones en las que la policía, de buena fe, arresta al sospechoso equivocado y confisca el contrabando durante el registro. Si un sospechoso hace un gesto furtivo en cualquier momento, el gesto justifica una intrusión policial limitada sin orden judicial.

Los oficiales pueden realizar registros e incautaciones sin orden judicial si consideran que existen circunstancias exigentes y que tienen una causa probable. Existe una circunstancia apremiante cuando un oficial tiene una necesidad imperiosa de tomar medidas oficiales, pero le falta el tiempo necesario para obtener una orden. La determinación de la causa probable en este contexto requiere una consideración de la totalidad de las circunstancias para determinar si el oficial actuó de acuerdo con una alta probabilidad de que el registro se descubra contrabando o evidencia. El responsable de la toma de decisiones debe examinar los hechos que conforman la totalidad de las circunstancias desde el punto de vista de un oficial objetivamente razonable antes de realizar el arresto.

Un oficial que ingresa a una residencia o edificio sin una orden para ayudar en una emergencia no viola la Cuarta Enmienda. De manera similar, un oficial que recibe consentimiento voluntario para registrar sin una orden judicial no infringe la Cuarta Enmienda. El consentimiento no debe ser el resultado de la coacción. Una tercera persona puede dar su consentimiento para que las fuerzas del orden público registren un local si esa persona legalmente es propietaria u ocupa el local. Sin embargo, si dos residentes están presentes y uno consiente, se imponen los derechos de la parte que no consiente. Los empleadores pueden dar su consentimiento a un registro policial en áreas dentro de su edificio, excluyendo áreas específicamente asignadas a un empleado. Los propietarios no pueden permitir el registro de un local arrendado.

La ley trata al personal y a los miembros de la facultad de instituciones educativas públicas como agentes del gobierno. Por lo tanto, la Cuarta Enmienda se aplica a los empleados de las escuelas públicas, pero prevalece un estándar menos estricto. En el contexto de los registros en las escuelas públicas, los empleados pueden realizar un registro con la condición de que tengan una sospecha razonable.

Los registros rutinarios realizados en o cerca de las fronteras de EEUU también están exentos del requisito de la orden.

PatriotAct de los Estados Unidos

Después del 11 de septiembre, el Congreso y el presidente promulgaron legislación para fortalecer la capacidad de la comunidad de recopilación de inteligencia para combatir el terrorismo doméstico. La Ley Patriot de EEUU permite a las fuerzas del orden público registrar correos electrónicos y comunicaciones telefónicas además de los registros médicos, financieros y de la biblioteca.

La ley también amplió la práctica de utilizar las Cartas de seguridad nacional, que son citaciones administrativas que requieren que ciertas personas, grupos o empresas proporcionen documentos sobre ciertas personas. Estas citaciones tienen una orden de mordaza, lo que significa que la persona o personas responsables pueden no mencionar la Carta de Seguridad Nacional. Conforme a las disposiciones de la LeyPatriotde EEUU, los agentes de la ley pueden usar estas citaciones cuando investigan a ciudadanos estadounidenses, incluso cuando los agentes no creen que la persona investigada haya cometido un delito. Una agencia no necesita obtener una orden antes de hacer registros.